El Gobierno está perfilando los últimos detalles del decreto que prorrogará de forma indefinida la limitación de los deshaucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional a partir del 9 de agosto, que es cuando vence la protección vigente. No se han conseguido parar todos los deshaucios. En el primer trimestre de 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de deshaucios se incrementó un 13,4% respecto al mismo período del año anterior.

La idea del Ministerio de Transportes, es replicar la norma y convertir en estructural la limitación de los lanzamientos hasta que salga adelante la ley de vivienda, que aún se debate en el tema de la regulación del alquiler

Según esta nueva normativa, la persona arrendataria afectada por un procedimiento de deshaucio podrá solicitar la suspensíón extraordinaria ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional. Después de los informes realizados por los servicios sociales, la decisión final de la suspensión dependerán siempre de un juez.

Para cumplir con los requisitos de vulnerabilidad, el afectado debe estar desempleado, bajo un ERTE, o haber perdido una parte sustancial de los ingresos en caso de ser empresario. Su renta no podrá superar el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual ( unos 1.700 euros mensuales), y el alquiler a pagar, más los gastos y suministros básicos deberá sobrepasar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.

Esta cobertura aplica también en procesos penales donde se haya producido la okupación del inmueble, siempre que los afectados sean menores de edad, dependientes o víctimas de violencia de género que hayan entrado sin usar la violencia en el inmueble, que deberá ser siempre de un gran propietario (10 o más inmuebles) y nunca primera o segunda residencia.

No tendrá efectos cuando se sepa que la vivienda está siendo utilizada para la realización de actos ilícitos, o cuando la entrada en la vivienda se haya producido en un inmueble destinado a vivienda social y ya hubiera sido asignado a algún solicitante.

El Ejecutivo tiene la intención de aprobar el techo de gasto, a lo largo del mes de julio y dejar preparado el terreno para diseñar los PGE de 2022, que presentará en septiembre y entrada en vigor del 1 de enero.

fuente: cincodias.elpaiscom

03 de Septiembre del 2021

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