El sector inmobiliario no será el más dañado por la crisis sanitaria, ya que se encuentra más profesionalizado, especializado por productos y más diversificado, además de tener muy poco apalancamiento y ser menos dependiente de la deuda bancaria. Pero se encuentra ante un nuevo reto de adaptación sin precedentes, donde deberá aprender a moverse con incertidumbre temporal y operativa y hacerlo de manera rápida y eficaz.

Por tanto, ante la posible falta de liquidez y/o financiación de los compradores, los planes de negocio que antes del Estado de Alarma eran sólidos y creíbles pueden alejarse hoy de la nueva realidad de mercado. Dejan de tener sentido planes de negocio que no asuman la nueva situación del sector y de la vida de la mayoría de potenciales compradores.

Los grandes tenedores de suelo con planes de negocio pre-crisis deberían ajustar sus números y retornos prometidos a sus inversores, y las Administraciones Públicas deberían poner en el mercado todo el suelo posible, agilizando y digitalizando procedimientos administrativos y adaptando el “viejo y estrecho” urbanismo.

La colaboración público-privada y una política firme y continuista de vivienda, así como un gran programa estratégico estatal para la creación de un parque público-privado de vivienda en alquiler asequible a semejanza de otros países de nuestro entorno, es la piedra angular del sector residencial para los próximos años en España. Es un trabajo que supondrá inversión pública durante al menos 10 años; para ello hemos de aprovechar la posibilidad que nos dan los fondos de la Unión Europea a través de Next Generation UE, actualmente en negociación con los distintos estados miembros

fuente:fundssociety.com