Angel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha criticado en el Congreso la opacidad de la factura eléctrica regulada PVPC y la falta de vivienda pública, durante la presentación dl informa anual 2021.

Ha destacado que cada vez hay más quejas sobre la dificultad del acceso a la vivienda tanto en la gestión de las ayudas al alquiler del Plan Estatal, como en la adjudicación de vivienda pública protegida. El parque público de viviendas sociales es limitado y no da respuesta a todas las demandas aún reuniendo los requisitos, lo que provoca el aumento de las listas de espera, por lo que también ha solicitado que los procedimientos de adjudicación sean más ágiles y transparentes.

Las ayudas al pago del alquiler se resuelven con meses de retraso respecto al plazo previsto, y no hay una cuantía suficiente asignada y los requisitos no son fáciles de cumplir.

Respecto al suministro eléctrico, también hay numerosas quejas, debido a problemas en la facturación, al arbirar consumos estimados, o en el reconocimiento como beneficiario de los bonos facilitados. Abrió una actuación por la opacidad en el modelo de la factura que aún continúa en trámite. Las quejas son frecuentes por el corte de suministro a personas vulnerables, de avanzada edad, menores o enfermas, la preocupación por la construcción de parques fotovoltáicos y eólicos en zonas con biodiversidad y la destrucción del paisaje que ha tenido un impacto cada vez más creciente en los vecinos de las zonas de instalación, por lo que llama a cumplir rigurosamente la legistlación y realizando una evaluación ambiental de cara a minimizar esos impactos.

También ha hecho notar una insuficiencia en los servicios de reclamaciones, del Banco de España o de la Dirección General de Seguros, y espera una mejora en la tramitación de las mismas con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.El anteproyecto de ley ha sido aprobado esta semana para la creación de este ente, sus resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera, cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.

También ha hecho referencia al expediente abierto el año pasado, para evitar que los errores que cometió el SEPE en los abonos al ERTE supongan una penalización fiscal para los ciudadanos en la campaña de la Renta, pero sin dar más detalles.

fuente: europapress.es

03 de Mayo del 2022

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