Según el CIS sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Alquiler Seguro ha presentado una serie de medidas para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado de alquiler estable. Entre alguna de estas medidas está la de crear un registro de alquileres,agilizar los desalojos y equiparar los delitos de allanamiento y usurpación.

Esta compañía pide renovar los criterios de empadronamiento, de tal forma que la inscripción en el padrón municipal no pueda generar derechos sobre la vivienda ocupada de forma ilegal. Planteando anular la inscripción en el mismo de quienes tengan esta actitud, impidiéndoles con ello acceder a ayudas públicas o revocarlas en caso de que ya las estén recibiendo.

Plantean la necesidad de que las administraciones tengan mecanismos de revisión y actuación inmediata para evitar que los okupas puedan beneficiarse de derechos derivados de esa situación.

También hablan sobre la necesidad social y gubernativa de tener una regulación global que garantice una seguridad jurídica y una protección tanto a arrendadores como a arendatarios, de tal forma que no se produzcan los constantes cambios normativos que sólo generan incertidumbre en ambos.

Apuestan por una reforma legislativa integral que elimine la inseguridad jurídica y agilice los procedimientos en torno al alquiler y la ocupación ilegal. Con un registro público de sentencias judiciales firmes de impagos, para que los propietarios puedan saber con certeza si un posible inquilino ha acumulado impagos en contratos anteriores, dando mayor transparencia al mercado. Una base de datos que integre los contratos de arrendamiento registrados, nutriendo la información que aportan los propietarios al realizar el depósito de la fianza siendo accesible a todas las administraciones, siendo una fuente de información fideligna tanto para las adminstraciones como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan identificar inquilinos legítimos o ilegales, dando autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poder desalojar ocupaciones en un plazo máximo de 48 a 72 horas, garantizando que los propietarios recuperen su vivienda de forma inmediata de tal forma que si el ocupante no está registrado en el censo de arrendamientos urbanos y no acredita documentalmente que tiene derecho legítimo a encontrarse en el interior de la vivienda, deberá poder ser expulsado por la autoridad sin necesidad de más trámites. Si los ocupantes se encontrasen en situación de vulnerabilidad, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberán conmunicar esta situación a la Administración para que ésta asuma la responsabilidad de su alojamiento inmediato según las circunstancias de cada caso.

Los procedimientos judiciales de desahucio deberían ser establecidos en una regulación procesal específica sobre la materia, resolviéndose en el plazo máximo de un mes, reduciéndose así el impacto económico y la incertidumbre en los propietarios del inmueble.

Para garantizar transparencia en la mediación, proponen la creación de un registro administrativo de empresas que medien en la desocupación de los inmuebles, de tal forma que esto permitiría a la Administración controlar su actividad y poder exigir la garantía de la presencia de un notario en las negociaciones, integrándose como un mecanismo obligatorio de resolución de conflictos antes de acudir da la vía judicial, para mayor transparencia y seguridad jurídica para los propietarios.

También proponen prolongar los plazos de desclasificación de las Viviendas de Protección Oficial para evitar la especulación y garantizar el acceso a vivienda protegida a quienes más lo necesitan. La ocupación ilegal no sólo afecta a los propietarios, también encarece el alquiler y genera inseguridad en el mercado. De esta forma, con estas propuestas se pretende buscar un equilibrio entre la protección a los propietarios y las soluciones habitacionales para las personas vulnerables.

fuente: el economista